Este martes, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha presentado ante los medios de comunicación el balance del primer proceso de regularización de cuotas del sistema implantado en 2023. En sus declaraciones, la ministra afirma que durante este primer ejercicio de enorme complejidad se han tramitado más de 4 millones de solicitudes de trabajadores autónomos, de los cuales para 2 millones no ha procedido ninguna regularización, 800.000 trabajadores autónomos han cotizado por debajo de sus ingresos y más de 400.000 han cotizado por encima y ha procedido devolución.
Desde UPTA valoramos los avances realizados hasta el momento y los buenos resultados que ha comenzado a mostrar el nuevo sistema, no solo para los autónomos, sino también para la sostenibilidad del propio sistema de la Seguridad Social. Pero es indispensable consolidar lo iniciado, definir claramente los tramos, los criterios de regularización, los períodos de adaptación y, sobre todo, garantizar la seguridad jurídica y económica de los trabajadores por cuenta propia. Desde UPTA echamos en falta una hoja de ruta clara y un compromiso firme para culminar el proceso de negociación y definir completamente el sistema que regirá a partir de 2026.
Por ello, desde UPTA instamos de manera firme y urgente al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a convocar de inmediato la mesa de diálogo con las organizaciones representativas del trabajo autónomo, con el objetivo de culminar el diseño y la implementación definitiva del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. En este momento crucial, no se necesitan más actos de presentación pública ni balances parciales, sino un ejercicio de responsabilidad institucional, compromiso político y rigor técnico. Solo a través del diálogo estructurado y la participación de todos los agentes sociales implicados se podrá garantizar un sistema justo, equilibrado y sostenible para el conjunto del colectivo autónomo.
Para Eduardo Abad, presidente de UPTA España, “a seis meses del inicio del año 2026, es inadmisible que aún no se haya convocado la mesa de trabajo con los agentes sociales. El desarrollo normativo, técnico y administrativo del nuevo modelo necesita tiempo, consenso y claridad. Si se acelera en los últimos meses, solo se corre el riesgo de cometer errores, generar desigualdades y aplicar de forma deficiente un sistema que es tan complejo como necesario”.