Después de realizar un análisis completo de los datos proporcionados por la Seguridad Social a lo largo del 2022, podemos concluir que el crecimiento en algunos sectores del RETA sólo se debe al volumen elevado de subcontratación de servicios profesionales que las empresas solicitan a supuestos autónomos que trabajan en condiciones de laboralidad.

Profesionales cualificados de todas las familias profesionales que están siendo contratados en clínicas sanitarias, despachos profesionales, en los sectores relacionados con el transporte o la construcción, sin olvidarnos de la docencia o el periodismo entre otros muchos.

Gran culpa de esta situación está precedida por el pasotismo absoluto de algunos colegios profesionales que son conocedores y consentidores, y por tanto corresponsables, de esta ilegalidad contractual.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, “solo podremos controlar los derechos de los autónomos económicamente dependientes si se realiza un plan de seguimiento por parte de la Administración. Los TRADE son autónomos que tienen derechos perfectamente establecidos en la Ley 20/2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo, otra cosa es la falsedad contractual de los falsos autónomos, que tiene que ser perseguida con toda contundencia por parte de la autoridad laboral competente, en este sentido, apoyamos claramente la intención del Gobierno de endurecer las sanciones a los empresarios que realicen este tipo de contratación fraudulenta, pero pedimos que sean igual de diligentes para solucionar la inexistencia de los Acuerdos de Interés Profesional en la figura TRADE.”

Los trabajadores por cuenta propia tienen la obligación de realizar la declaración de la renta y señalar claramente quien es su cliente a través de los ingresos a cuenta de las retenciones correspondientes. Por lo tanto, existen mecanismos para desenmascarar de forma rápida y sencilla a aquellos empresarios que buscan ahorrar las cotizaciones sociales tan importantes para poder mantener el estado de bienestar actual.

UPTA remitió un procedimiento que identificaría de forma automática a aquellas empresas que reciben facturas de profesionales autónomos en condiciones de dependencia económica, un sistema que analizaría, de forma concreta, las condiciones en el desarrollo del servicio contratado por el empresario al presunto autónomo económicamente dependiente para diferenciarlo del falso autónomo. En el código no escrito del buen empresario o de la empresa responsable, tendría que ser siempre una de las obligaciones a cumplir.