Aproximadamente 255 mil solicitudes de la prestación extraordinaria del CATA podrían ser reclamadas por no cumplir los criterios establecidos.

Esta situación se debe a la confusión del momento, y en muchos casos a la falta de coordinación en los criterios que cada una de las mutuas de accidentes de trabajo establecieron para la concesión, unido a un asesoramiento incorrecto a los autónomos, que en un momento de desesperación decidieron realizar la solicitud.

UPTA ha planteado una reunión urgente con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para tratar de establecer un criterio razonable en los procedimientos de reintegro. Desde nuestra organización reclamamos que estos reintegros puedan fraccionarse en cómodos plazos de al menos 24 meses y sin intereses.

Además, desde UPTA queremos dejar constancia de que los procedimientos acordados para la obtención de las mencionadas ayudas han sido en todo momento consensuadas con las organizaciones de autónomos representativas. Se mantuvieron infinidad de reuniones con responsables del Ministerio para poder afinar al máximo las condiciones que deberían justificarse para ser beneficiarios de las ayudas.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, “las ayudas estaban diseñadas para que aquellos autónomos cuyos negocios estuvieran sufriendo cierres forzosos, caídas de facturación o cualquiera de las circunstancias estipuladas en la ordenes correspondientes, se beneficiaran de una ayuda vital para la supervivencia de la actividad. Sin embargo, muchas de los solicitantes desconocían cuales eran los requisitos para su correcto otorgamiento y justificación, y también muchas de las solicitudes incumplían de antemano los requisitos necesarios y aun así se tramitaron por parte del autónomo”.

Desde UPTA tenemos claro que aquellas solicitudes que han sido requeridas para subsanación y cumplen con los requisitos se tienen que resolver favorablemente, pero nunca defenderemos las resoluciones denegatorias que, desde su origen, no cumplían con la legislación correspondiente. Recomendamos a los afectados de éstas que realicen las reclamaciones correspondientes a quienes, de forma intencionada y a sabiendas del incumplimiento, han asesorado y tramitado los expedientes ante las mutuas correspondientes, mercantilizando una situación desesperada para miles de autónomos.