Continúa el golpe de estado energético

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para frenar la deriva de esta situación, la respuesta de las empresas productoras es amenazar con la paralización de la producción de energía a través de las centrales nucleares. Las consecuencias de semejante barbaridad afectarían no sólo a los consumidores particulares, también a los negocios del pequeño tamaño.

Recordemos que un pequeño establecimiento murciano que ha contratado entre 10 y 15 KW/h a una empresa energética, en septiembre del 2020 la factura total que tuvieron que asumir fue de aproximadamente 650 euros. Con las subidas de precios actuales, la factura correspondiente este año será de unos 1.300€, por lo que los autónomos murcianos tendrán que hacer frente, en consecuencia, a más del doble del coste del año anterior.

En términos de gastos fijos de producción, supone aproximadamente el 27% del total de los gastos que tienen que afrontar los autónomos con establecimientos que necesitan de esta materia prima para poder desarrollar su actividad. La merma en los márgenes de beneficios se estima en casi el 10% sobre el precio final de los productos o servicios que ofrecen al consumidor.

Además, los precios finales que tienen que pagar los consumidores por los productos no están sufriendo un incremento, puesto que, en la actual situación económica, aún están recuperando poco a poco la normalidad y por supuesto la clientela no está en condiciones de asumir una subida de precios de la energía conforme a la experimentada.

Con esta situación, y según los cálculos que UPTA ha realizado, un pequeño negocio murciano tiene que dedicar en términos temporales, más de 80 minutos al día de producción solamente para poder hacer frente a los costes energéticos.

Insistimos, no creemos que esta situación sea fruto de una mala gestión del Gobierno, pero sí le pedimos al ejecutivo de Pedro Sánchez que deje de ser timorato con las decisiones y realice una intervención inmediata del mercado energético.

Se trata de un bien de primera necesidad para familias y sectores productivos y existen mecanismos legales para poder establecer precios máximos de la energía, incluso estos mecanismos están contemplados en la Legislación Europea.

Eduardo Abad, presidente de UPTA, “lamento muchísimo que los representantes de la patronal den la callada como respuesta ante semejante problema que afecta también a una gran parte del tejido empresarial. Para ellos, sin duda, el IBEX está por encima de salvaguardar los intereses económicos de todo el país”.