Murcia, 22 de abril de 2026.- Los datos de siniestralidad laboral en el trabajo autónomo durante 2025 vuelven a poner sobre la mesa una realidad preocupante: 15 accidentes graves, 3 muertes y 777 bajas por accidentes de trabajo. Detrás de estas cifras hay miles de historias personales, negocios interrumpidos y familias afectadas por una problemática que, según denuncia UPTA, sigue sin recibir la atención necesaria.

La organización advierte de que los trabajadores autónomos continúan siendo los grandes olvidados en materia de prevención de riesgos laborales. A diferencia de los asalariados, el colectivo desarrolla su actividad en condiciones más precarias desde el punto de vista de la seguridad, con menor acceso a formación preventiva, recursos técnicos y apoyo institucional. Esta situación responde a un problema estructural: el sistema de prevención en España ha sido diseñado para empresas con estructura, dejando fuera la realidad de millones de trabajadores por cuenta propia que operan en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el ámbito agrario, donde los riesgos son elevados.

En este contexto, UPTA alerta de que el refuerzo del control previsto en la reforma normativa puede agravar la situación si no va acompañado de recursos. El aumento de inspecciones, obligaciones documentales y responsabilidades, sin apoyo económico ni asistencia técnica, supone trasladar aún más carga a un colectivo que ya trabaja con limitaciones.

“No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no previene accidentes, solo incrementa la presión sobre el autónomo”, señala Eduardo Abad, presidente de UPTA.

A esta realidad se suma la situación de los más de 91.500 de autónomos sin asalariados, prácticamente fuera del sistema preventivo actual. Mientras que quienes tienen trabajadores deben cumplir obligaciones en PRL, los autónomos que trabajan solos carecen de un modelo adaptado a sus necesidades. Para UPTA, este vacío está favoreciendo el avance de una problemática cada vez más evidente: los riesgos psicosociales.

El estrés, la ansiedad, las jornadas prolongadas, la presión por los plazos, los impagos y las condiciones contractuales precarias están detrás de un aumento de problemas de salud mental, enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga. Se trata de una “pandemia silenciosa” que no está siendo abordada por las políticas públicas.

“Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 o 14 horas al día. Eso no es emprendimiento, es precariedad”, advierte Abad. “En sectores como el transporte o la construcción es imprescindible establecer límites a los tiempos de trabajo. No podemos normalizar determinadas condiciones que ponen en riesgo la vida de los profesionales”.

Ante esta situación, UPTA reclama al Gobierno un cambio de enfoque en las políticas de prevención, con planes específicos dirigidos al trabajo autónomo que permitan actuar sobre la raíz del problema. Entre las medidas planteadas se incluyen:

  • Desarrollo de programas de formación adaptados por sectores de actividad.
  • Establecimiento de incentivos para la inversión en equipos de seguridad.
  • Implantación de servicios públicos de asesoramiento técnico en prevención de carácter gratuito.
  • Refuerzo de la cobertura en caso de accidente o enfermedad profesional.
  • Impulso de campañas de concienciación dirigidas específicamente a los trabajadores autónomos.
  • Destinación de parte de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social a la vigilancia y prevención de los riesgos psicosociales.

Para UPTA, el reto no pasa únicamente por ampliar las obligaciones, sino por transformar el modelo. Es necesario avanzar hacia un sistema más flexible, cercano y eficaz, que tenga en cuenta la diversidad del colectivo y facilite el cumplimiento real de la prevención. Las cifras de 2025 deben marcar un punto de inflexión. Reducir la siniestralidad en el trabajo autónomo no es solo una cuestión normativa, sino una responsabilidad que exige medidas concretas por parte del estado y de las comunidades autónomas y con un enfoque adaptado a la realidad del colectivo.