En la jornada de ayer miércoles, 22 de octubre, se mantuvo una reunión entre el director general de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, y las organizaciones representativas del trabajo autónomo con la finalidad de tratar la extensión de la protección social dispensada a este colectivo, cuyas actividades económicas y/o profesionales se han visto afectadas por el impacto económico derivado de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
En dicha reunión, la ampliación de la protección de parte de las situaciones que ya venían preservándose con anterioridad y vigentes hasta el 30 de septiembre, han quedado resueltas. Sin embargo, aún tenemos que trabajar para pulir la modalidad de prestación por cese extraordinario de actividad en aquellos casos en los que se haya producido una reducción significativa de la facturación.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, “es necesario que esta modalidad de cese de actividad se amplíe en los mismos términos que el anterior, ya que existen sectores de actividad como las agencias de viajes, los guías turísticos, las actividades culturales, musicales o los profesionales de los espectáculos de feria entre otros, que aún sufren el impacto económico derivado de la pandemia”.
Por otro lado, desde UPTA solicitamos una ampliación de este “paraguas social” hasta el 31 de enero de 2022. No podemos obviar que la protección dispensada a través de las prestaciones por cese de actividad ha constituido para el trabajo autónomo, el mayor sistema protector frente a la crisis económica derivada de la COVID-19. Además, “nos consta que el Ministerio ha realizado un gran esfuerzo y le solicitamos que continúe en esa línea de acción, ya que estas medidas han servido para que nuestro colectivo pueda mantener sus actividades”.